La reforma electoral en México: entre la técnica jurídica y el diálogo social

A lo largo de las últimas décadas, el sistema electoral mexicano ha sido objeto de transformaciones profundas. Estas reformas no fueron concesiones espontáneas, sino respuestas directas a momentos críticos que exigieron mayor inclusión, transparencia y legitimidad.

Cronología de Reformas Electorales en México (1977–2022).

1977

Reforma al artículo 54 de la LFOPPE. Se establece el sistema de representación proporcional.

1979

Primera elección con representación proporcional: 300 diputados por mayoría y 100 plurinominales.

1986

Aumento a 500 diputados (300 mayoría, 200 pluris). Se introduce la cláusula de gobernabilidad.

1993

Se elimina la sobrerrepresentación excesiva de los partidos con mayoría.

1996

Se fijan límites constitucionales a la sobrerrepresentación: no más del 8% adicional a la votación obtenida.

1997

Primera elección donde el PRI pierde mayoría absoluta en la Cámara. Inicia una nueva etapa de pluralidad política.

2007

Se prohibió la compra de tiempo en radio y televisión para partidos políticos y se asignaron estos tiempos al Estado para garantizar equidad. Se creó la Unidad de Fiscalización del IFE y se redujeron los tiempos de campaña.

2014

Se transformó el Instituto Federal Electoral (IFE) en el Instituto Nacional Electoral (INE), con competencias en los procesos electorales locales. Se permitió la reelección legislativa consecutiva y se crearon los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs). Además, se reguló la paridad de género en candidaturas y se instauró la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE).

2020–2022

Se realizaron reformas legales menores en temas de fiscalización, violencia política de género y voto electrónico para mexicanos en el extranjero.

Hoy, más que una crisis electoral, enfrentamos una crisis de representación. La desafección ciudadana, la judicialización excesiva de los procesos y el desgaste institucional obligan a repensar el sistema desde una visión integral.

La presidenta electa Claudia Sheinbaum ha planteado la necesidad de una nueva reforma electoral, designando a Pablo Gómez como responsable del diseño inicial. Esto abre una oportunidad técnica y política para diseñar una reforma de fondo, que combine austeridad con eficiencia, y legitimidad con cercanía social.

Desde una perspectiva jurídica, es fundamental no confundir austeridad con debilitamiento institucional. La reducción de costos no puede traducirse en la precarización del árbitro electoral, cuya autonomía está consagrada en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Desde el Despacho Corporativo Campos Chávez & Asociados proponemos los siguientes ejes de análisis y acción:

1.⁠ ⁠Fortalecimiento de las capacidades operativas del órgano electoral nacional con base en criterios de racionalidad administrativa.

2.⁠ ⁠Simplificación del marco jurídico electoral para garantizar mayor certeza y uniformidad interpretativa.

3.⁠ ⁠Participación ciudadana sustantiva en el diseño de las reglas del juego democrático.

4.⁠ ⁠Revisión técnica del sistema de representación proporcional y evaluación del impacto de la reelección legislativa.

5.⁠ ⁠Regulación de plataformas digitales y protección de los datos personales con fines electorales.

6.⁠ ⁠Blindaje constitucional de la autonomía del INE frente a posibles regresiones institucionales.

México se encuentra ante una oportunidad histórica para construir un nuevo modelo electoral, uno que no solo responda a necesidades técnicas, sino que enarbole los aprendizajes del pasado, los contextos históricos y las buenas prácticas democráticas.

Los partidos políticos también deben verse en el espejo de su propia historia: crisis internas, falta de cohesión, pérdida de conexión con la ciudadanía. La reforma electoral no puede ser un simple reajuste de reglas; debe ser un verdadero ejercicio de reconstrucción de confianza.

La legitimidad del gobierno, de los órganos electorales y de los propios partidos debe nacer no de cuotas o pactos cupulares, sino de un profundo entendimiento con el pueblo y del compromiso con una democracia que funcione. El diálogo debe orientarse a la ciudadanía, involucrar activamente a las universidades, centros de investigación y asociaciones civiles.

Es ahí donde se gestan las ideas, las propuestas y las críticas que permiten enriquecer el marco institucional.

Hoy es la gran oportunidad de agotar el diálogo, sin sesgos ideológicos, sin exclusiones, sin simulaciones.

Lo que México necesita es una cancha pareja, donde todas las voces participen en condiciones de equidad y donde la democracia no sea un discurso, sino la garantía real del proceso mismo.

Desde el análisis jurídico, técnico y social, debemos asumir que no hay democracia sólida sin representación legítima, ni representación legítima sin participación efectiva. La historia ya nos ha enseñado los errores. Hoy es momento de enarbolar todos los esfuerzos, de reconocer los contextos, y de colocar a la ciudadanía al centro del nuevo diseño institucional.

No es solo una reforma electoral: es una reforma de confianza.

José Manuel Campos Chávez